Los claroscuros del Plan de Justicia Yaqui; la acción presidencial consolida un grupo a modo y excluyente a voces discordantes

Los claroscuros del Plan de Justicia Yaqui; la acción presidencial consolida un grupo a modo y excluyente a voces discordantes

Genaro Bautista / AIPIN

Con una precisión estratégica, el pueblo Yaqui arrojo la bola caliente al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para que asuma un compromiso verdadero para entregar beneficios al olvidado pueblo Yaqui, ubicado en el sur del estado de Sonora, en el centro del valle del Yaqui.

La presión, la movilización y una sorprendente estrategia mediática no dejo salida al mandatario mexicano y firmó, el pasado 28 de septiembre, lo que pomposamente se conoce como el Plan de Justicia Yaqui.

Como una forma de reconocer la embestidura presidencial, los Yaquis permitieron que el presidente López Obrador divulgara y presumiera la firma estampada en el Plan de Justicia Yaqui.

El mandatario federal resaltó el acto de petición de perdón al pueblo Yaqui por agravios cometidos en el pasado. Acto que se realizó en el pueblo de Vícam, primera cabecera de la tribu, ubicada geográficamente en el municipio de Guaymas, es una de las principales poblaciones de la etnia yaqui en Sonora, al Noroeste de México.

Los decretos -incluye el Distrito de Riego 18-, fueron firmados ante los Gobernadores Tradicionales de la Tribu Yaqui, anunciando escasas 2 mil 900 hectáreas resarcidas como parte de su territorio tradicional.

El Distrito de Riego 18 para uso agrícola abastecido por la presa Álvaro Obregón, abarca 126 mil 259 hectáreas ubicadas en las márgenes del río Yaqui y contará con capacidad inicial de 673 millones de metros cúbicos, que permitirán regar una superficie total de 126 mil 259 hectáreas, será administrado por el propio pueblo, con dicha decisión el gobierno federal busca hacer realidad los derechos inalienables y reclamos históricos por los que tanto tiempo ha luchado.

El decreto, según información del gubernamental Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), entrega a favor del pueblo yaqui 2,943hectáreas, ubicadas en los municipios de Guaymas, Cajeme, Empalme y San Ignacio Río Muerto, en el estado de Sonora, haciendo justicia a los Yaquis devolviéndoles el patrimonio territorial a título colectivo.

Respetando los protocolos, los Yaquis respetaron la banda presidencial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un presidente, que según las reseñas y comentarios, busca restituir las tierras que pertenecen al pueblo Yaqui, decreto que al General Lázaro Cárdenas del Rio no le fue posible concretar.

El Distrito de Riego 18 está integrado por las comunidades de Vícam Pueblo, Primera Cabecera, Pótam, Segunda Cabecera, Tórim, Rahum, Huírivis, Belem, Loma de Bácum y Cócorit-Loma de Guamúchil.

Con el decreto firmado por el presidente de la República se garantiza el derecho al agua para uso agrícola de la tribu, el cual será administrado por ellos mismos a través de la Comisión Jiaki del Agua, cuya integración y funcionamiento será acorde a su cultura, formas de organización e instituciones comunitarias, con lo que se fortalecerá su autonomía y se garantizará el manejo sustentable de su territorio y recursos naturales.

Los contratiempos y rumores

El fantasma de la muerte de dirigentes Yaquis como Tomás Rojo Valencia estuvo presente en todo el acto, a pesar de la rigidez con que se dio el evento para impedir la presencia de opositores al Plan de Justicia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los contratiempos fue cuando el líder de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, hijo del amigo de los Yaquis el General Lázaro Cárdenas del Río, pidió que el Acueducto Independencia sirviera únicamente para los mexicanos ancestrales.

López Obrador tomo la palabra y dijo que no sería posible lo expuesto por el hijo del General Cárdenas, ya que esa obra con inversión privada se utilizaría para que llegara el agua a la ciudad de Hermosillo, una de las ciudades importantes de Sonora.

Esta postura avivó el fuego entre los presentes al acto, veían como un buen gesto lo planteado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano sobre el polémico Acueducto Independencia.

Tomás Rojo, fue asesinado en Vícam por haber luchado contra el gobierno del panista de Guillermo Padrés (2009-2016), justamente porque se les dotara de agua.

No obstante, los Yaquis ya asestaron el primer revés después de ese 28 de septiembre del Plan de Justicia Federal. Lograron el pago de los derechos de peaje de la Caseta de cobro vehicular que cruza por su territorio.

El pueblo Yaqui ha exigido el pago del derecho de accesión a empresas privadas, consorcios, así como gobiernos estatales y federales, por mantener al interior de su territorio megaproyectos, pues en algunos casos al atravesar sus tierras ponen en riesgo la vida y el desarrollo de los ocho pueblos indígenas, aseguró tajante el gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño.

Los Yaquis recuerdan que en octubre de 2007, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), llevó a cabo en Vícam Estación, el Encuentro Internacional de Pueblos Indígenas, con la participación de 537 delegados de toda Latinoamérica.

En aquella ocasión, el Subcomandante Insurgente Marcos faltó al protocolo y los Gobernadores Yaquis descalificaron ese evento.

Incluso, un grupo de Gobernadores alistó a la Tropa Yaqui parar que fueran a ese acto para detener a la Comandancia Zapatista por la osadía que tuvieron de efectuar el Encuentro Internacional sin autorización de la Tribu.

Tomando en cuenta aquella experiencia advirtieron al presidente Andrés Manuel López Obrador no confiarse e ni incumpla los compromisos asumidos en el Plan de Justicia Yaqui.

Los Yaquis tienen los instrumentos para movilizarse y desconocer al Ejecutivo federal si este, en un afán de soberbia, alarga el cumplimiento de estos compromisos.

El Plan está vivo, en operación y tuvo como testigos a importantes observadores e invitados internacionales entre ellos Gabriel Muyuy, Secretario Técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, organismo que cuenta con la categoría de Observador en la Asamblea General de la ONU.

Los Yaquis son unos 40 mil en ocho pueblos de Sonora, al Noroeste de México, aunque tienen una importante presencia en Tucson, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica, sitio que hace años era parte de su territorio.

El Distrito de Riego tendrá una superficie de 126 mil 259 hectáreas, de las cuales 61 mil 223 serán irrigables, con un volumen de 673 millones de metros cúbicos. También se analizan las acciones que correspondan para que el sagrado río Yaqui vuelva a tener agua, a fin de sanar el ecosistema de la cuenca y recuperar su valor cultural y espiritual.

En la ceremonia, el secretario del pueblo de Tórim, Jesús Patricio Varela Martínez, en representación de los gobernadores, capitanes, comandantes, pueblo mayor y tropa yoemia de los ocho pueblos (Vícam, Pótam, Belem, Rahúm, Huírivis, Cócorit, Bácum y Tórim), recordó los agravios y despojos cometidos en contra de la tribu para favorecer a personas ajenas a costa de la pérdida de miles de vidas, de condiciones de esclavitud y exterminio.

“Reconciliar una historia tan dolorosa no es fácil, pero es necesario si queremos transformar la vida de este país”, señaló acompañado por el secretario de Ráhum, Crisóforo Valenzuela Ahumada.

Jesús Patricio recordó que el general Lázaro Cárdenas decidió hacer justicia y firmó el decreto que les devolvía parte del territorio y reconocía el derecho a la mitad de las aguas del río yaqui, pero este decreto quedó a medias.

Insistió que el espíritu del Plan de Justicia que está desarrollando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno tradicional, emana de estos agravios que se han cometido a lo largo de la historia.

No es un regalo, continúo, no es asistencialismo, se busca devolvernos lo que es nuestro, el territorio que nos han quitado, el agua que nos han limitado y la dignidad que nos han querido robar.

“Hubiéramos querido este tipo de reuniones de diálogo sobre los derechos indígenas desde hace tiempo, porque durante las últimas décadas los tres niveles de gobierno nos evadieron y nos ignoraron, se prestaron a los procesos de invasión y despojo; ahora se tiene un gobierno democrático donde se privilegia a los más pobres y a los pueblos indígenas”, dijo tajante Jesús Patricio Varela Martínez, secretario de Torim.

Trascendió que la felicidad del gabinete federal no era compartida por todos.

El 29 de septiembre la plataforma Nainari Digital, conversó con Mario Luna Romero, uno de los voceros de la resistencia, quien en entrevista con la periodista Claudia Guadalupe Pérez afirmó que el Plan de Justicia Yaqui, deja mucho que desear porque el Plan no considera el Acueducto Independencia y no se escuchan todas las voces.

“Hemos insistido en la urgencia de consulta a la Tropa Yaqui”, comentó Luna y manifestó su enojo porque no existe nada sobre el Acueducto Independencia que saquea el agua.

Continúo afirmando que con la acción presidencial se consolida un grupo a modo excluyendo a voces discordantes

Y advirtió que en tanto no se atienda las causas profundas y se esclarezcan los asesinatos, habrá resistencias.