Lejos aún la justicia para los pueblos indígenas de Abya Yala

Lejos aún la justicia para los pueblos indígenas de Abya Yala

Es tiempo de un Nuevo Contrato Social que incluya a los pueblos indígenas

Genaro Bautista / AIPIN

Para los pueblos indígenas, la justicia y el reconocimiento de sus derechos colectivos, aún está lejos. 

Así quedó de manifiesto en diversas participaciones durante el Foro Internacional “Procesos de Reconocimiento Constitucional y justicia a Pueblos Indígenas en Las Américas”celebrado el 27 de septiembre de este 2021, en el Pueblo Yaqui de Potam, Sonora, México. 

Por ello es imperante un nuevo Contrato Social que incluya a los pueblos indígenas con plena participación política y social, que además de enmarcarlo en instrumentos internacionales, sea algo que no siga dejándose de lado, coincidieron invitados internacionales a este Foro organizado por el Gobierno de México. 

Mirna Cunningham, Misquita de Nicaragua, presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC) al igual que el colombiano Gabriel Muyuy Jacanamejoy, del pueblo Inga, secretario técnico del organismo, ratificaron que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, parte del derecho a la libre determinación. 

Muyuy, Secretario Técnico del FILAC, aseguró que la negación histórica de nuestros derechos se mantiene hoy en día. 

Los países, apuntó, mantienen el desconocimiento de la diversidad étnica y cultural; discriminación y exclusión de la participación indígena. 

Por ello, enfatizaron, la brecha entre lo formal y la realidad es inmensa. 

Ambos mencionaron que es tiempo de pasar del monoculturalismo al interculturalismo, y en esto es necesario que se reconozca el aporte indígena a la reivindicación de sus derechos y procesos de paz. 

Mirna Cunhingham, recordó que en el caso de Nicaragua tiene 30 años en que en la Costa Atlántica se viene construyendo un proceso de autonomía.

Para la Presidenta del FILAC es urgente los procesos de dialogo con Estados y otros sectores para reconstruir en base a un nuevo contrato social.

Tanto Mirna, Gabriel, Raúl Illaquiche, ex diputado Indígena en el Congreso de Ecuador; María Eugenia Choque, ex Presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia o Marcial Arias, Kuna de Panamá, Consejero de Políticas de la Alianza Mundial de Pueblos Indígenas de Bosques Tropicales, a las poblaciones indígenas no se les regala nada y los derechos obtenidos se ha dado gracias a la lucha continua de sus pueblos y comunidades. 

Cada día se mantienen luchando por mantener su autonomía como el caso de los Yaquis, afirmó Mirna Cunningham, quien señala que en la actualidad muchos países como Bolivia, Nicaragua, Chile, Ecuador o Perú, ya reconocen a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. 

Este hecho, apuntó, es un paso necesario para el acceso a la justicia del Estado en condiciones de igualdad con el resto de la población, donde se cuente con jueces, funcionarios, peritajes, traductores propios y que sus sistemas normativos sean reconocidos. 

Ello se ve fortalecido como las formas de justicia prevista en los instrumentos internacionales según el artículo 23 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). 

Este instrumento internacional garantiza el reconocimiento del derecho a la aplicación de la justicia indígena lo que implica que las sociedades originarias son titulares del derecho colectivo como parte de su autonomía y libre determinación. 

En las participaciones se reafirmó que los pueblos indígenas comparten una misma experiencia, como la colonización, que no sólo los despojó de una determinada forma de vida, sino que propició fueran sujetos de abusos sistemáticos y estructurales a lo largo de la historia alrededor del mundo. 

Recordaron que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas este 9 de agosto de 2021, tuvo como lema “No dejar a nadie atrás: los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social”.

Un contrato social, explicaron, se considera un acuerdo no escrito que las sociedades hacen para cooperar por beneficios sociales y económicos, y del que históricamente en muchos países los pueblos indígenas han sido excluidos, siendo así expulsados de sus tierras, debilitadas sus culturas y marginados de las actividades políticas y económicas.

El Foro Internacional pretendió ser un espacio de intercambio de experiencias, prácticas y aprendizajes sobre procesos de diálogo, reconocimiento constitucional y justicia con los pueblos indígenas, a fin de avanzar en los procesos de transformación de los Estados y por el bienestar de nuestros pueblos, pero en el que no se contó con la participación anunciada de Francisco Cali, Relator de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. 

Mirna comentó que Nicaragua acepta los sistemas normativos que permite a las autoridades indígenas el uso de sus sistemas normativos propios. 

Este proceso de reformas constitucionales inicio en los años 80, mucho antes que existiera el Convenio 169 de la OIT o la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

No obstante, los indígenas de este país centroamericano lograron que en la Constitución se reconozca el pluralismo jurídico y étnico. 

Incluso el derecho de los pueblos indígenas al desarrollo se asienta en los artículos 180 y 181 de la Constitución política de ese país. 

Ya para 1987 se crea el Estatuto de Autonomía con 25 gobiernos territoriales indígenas quienes bajo su administración tienen a 300 territorios, y ya en la actualidad con leyes de pesca, forestal, lenguas, educación, de salud tradicional. 

Es hasta mayo de 2010 cuando la Asamblea Nacional de Nicaragua ratifico el Convenio 169 de la OIT y en la adopción se incluyó el derecho del pueblo afrodescendiente. 

Todas esas experiencias son parte del Plan Iberoamericano de los Pueblos Indígenas que se viene promoviendo desde el FILAC, con el propósito de la homologación de las legislaciones nacionales que reconozcan los derechos indígenas. 

Al igual que en Nicaragua, Gabriel Muyuy dijo que a estas alturas se puede decir que Colombia es un Estado social de derecho y una nación multiétnica y pluricultural. 

Las realidades que nos unen, señaló el Secretario Técnico del FILAC, es la lucha por el reconocimiento de sus derechos. 

El exsenador de Colombia mencionó que en su país tuvieron que pasar 30 años de movilizaciones para esto. 

Con la reforma de la constitución de Colombia, se dio el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas al territorio, identidad, dijo Gabriel Muyuy, al resaltar que el Convenio 169 de la OIT jugó un rol esencial. 

Para él, los Estados deben garantizar procesos de construcción de democracias interculturales. 

Refirió que en su país el 33 por ciento de la mayor riqueza de biodiversidad está en los pueblos indígenas de Colombia, pero que con todo y sus derechos incorporados en el Constituyente persiste el saqueo del petróleo, la minería y explotación de los recursos naturales, sin consulta a los legítimos propietarios, en un país donde el racismo institucional está vigente y el presupuesto para ellos es muy limitado. 

En este último punto subrayó que la buena voluntad no se ve y solo la Minga (Movilización) con las tomas de carreteras ha logrado que se les asigne mayor presupuesto. 

El caso de Colombia no es diferente a Ecuador, donde los pueblos indígenas han sufrido discriminación, desconocimiento y asesinato o encarcelamiento de sus líderes por la defensa de sus territorios. 

Raúl Illaquiche, ex diputado Indígena en el Congreso de Ecuador, indicó que, pese a que en países como Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, ya se reconoce en las Constituciones que su realidad es distinta. 

El desafío, expuso, es materializar lo que se estipula en la Constitución, dado que el Estado no quiere respetar esos derechos ganados. 

Así, el sentir de las participaciones internacionales es que no basta estar en las leyes, en las Constituciones, sino hacer que de manera práctica cuenten con lo necesario incluido el rubro presupuestal para su desarrollo. 

Y lograr que la Consulta con consentimiento libre, previa e informada sea una realidad y no se les continúe despojando de sus territorios.